Partido Socialista Argentino              por el Frente Popular

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Buenos Aires- Primera Edición: 1º de Mayo 2007 

 

EL DISCURSO DE LA PRESIDENTE
en la apertura de la Asamblea Legislativa
1º de Marzo 2013

“Mi investigación desembocaba en el resultado de que, tanto las relaciones jurídicas como las formas del Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que radican por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de “sociedad civil”, y que la anatomía de la sociedad civil había que buscarla en la economía política.” (Revisión critica de la filosofía hegeliana del Derecho)

la estructura económica de la sociedad, es la base real sobre la que se alza la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social” y  “el régimen de producción de la vida material condiciona todo el proceso de la vida social, política y espiritual”.

 

            En un análisis  del extenso discurso de apertura de la señora Presidenta, nos referiremos a lo anunciado respecto a las leyes que enviará al Congreso, referidas al sistema judicial vigente que consideramos lo más importante de su discurso en esta oportunidad.

            En un giro personal “histórico” a la señora presidenta, abogada con muchos años de ejercicio de la profesión en Santa Cruz, y como legisladora, diputada, senadora y constituyente en el 94, y luego de más de cinco años experimentados en la práctica de gobierno, le ha sido revelada la verdad sobre el Estado.
            Las resoluciones  que distintos jueces han operado para trabar –parcialmente- algunas leyes de gobierno (particularmente la referida a la ley de Medios) así como las acciones en el Consejo de la Magistratura y distintas medidas cautelares, y sobre todo, la lentitud de la “Justicia” en causas que llevan años  y décadas hasta que prescriben,   ha motivado a la señora Presidenta a anunciar el envío de leyes para intentar que “la Justicia” sea eficiente, rápida y deje de ser un coto privilegiado en el marco de la sociedad.  Y sobre todo con el propósito de quitarle poder corporativo.
            También criticó la Presidenta la facilidad con la que delincuentes reincidentes se liberan de su detención y las maniobras procesales del sistema que favorecen a los poderosos.
            Los anuncios sobre los ejes de los nuevos proyectos de ley: elección de consultores del Consejo de la Magistratura por elección popular; la modificación del sistema de acciones cautelares; el acceso a las declaraciones juradas de bienes de todos los miembros del Estado, es decir de los funcionarios de los tres poderes que establece la Constitución del Estado argentino;  y finalmente la posibilidad de la renovación periódica de los Jueces, constituyen medidas acertadas. La intención es correcta. No coincidimos con quienes creen que busca una subordinación de la Justicia, cosa imposible en este sistema basado en leyes y Códigos que defienden el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, de cambio y la estructura basada en la explotación de la mano de obra asalariada.
            En los fundamentos esgrimidos sintéticamente se refirió a la continuidad de los jueces y la Corte durante los golpes militares, como un poder privilegiado, dentro de los tres poderes del Estado, como el ejecutivo y el legislativo que siempre fueron disueltos en los golpes militares.
            Respecto al impuesto a las ganancias que no paga el sistema judicial, explicó que ya existe una ley, pero que fue anulada por una Acordada de la Corte menemista, y que corresponde a la Corte de hoy, corregir y enmendar tal decisión.
            Ahora bien, la esencia del sistema se basa en que son los jueces y la Corte quienes interpretan las leyes, todas, cuando existen controversias. En este caso la misma Corte se eximió de pagar impuesto a las Ganancias que sí pagan los trabajadores mejor remunerados. Nosotros creemos que es un privilegio que Jueces y funcionarios no paguen ganancias y que debe imponerse a esos sectores así como aumentar la gabela sobre los bienes personales, y que es necesario que el pueblo conozca la riqueza que poseen.

El Poder fundamental
            La Presidenta fundamenta su concepción en el principio del equilibrio entre los tres poderes del Estado en  un sistema democrático.

            Pero desestima el otro Poder, esencial, básico, fundamental del Estado: el poder económico, el de la propiedad privada de los factores de producción y de cambio, sobre la que se basa toda la superestructura institucional y política del Estado.

            Exigir el acceso a las declaraciones juradas del sector del empresariado, ha insinuado la señora Presidenta, sería un tema muy complejo ha dicho.  (ver acta de su discurso)
            Está bien conocer las Declaraciones juradas de jueces, diputados, senadores, ministros, Secretarios, etc. etc. y de Jefes sindicales eternos.  Sería ideal. Porque la riqueza de funcionarios, jueces, ministros, Secretarios de Estado, etc. (no todos por cierto), estuvo y está ligada a los asuntos comerciales, penales y civiles en el caso de los jueces; con empresas favorecidas por licitaciones del Estado y gobiernos municipales y provinciales en el caso de los funcionarios, así como también algunos dirigentes sindicales se enriquecieron cuando las privatizaciones de las empresas estatales durante el menemismo. Y lo hacen hoy a la sombra del poder político de Intendentes o ministros.
            Sería ideal para el ciudadano, reivindicado por la Presidenta, poder acceder a toda la información sobre la riqueza  del Poder económico. Poder que ha crecido geométricamente en los últimos diez años en el país, (y sigue creciendo)  a partir de la enorme demanda de China, en el comercio exterior y las inversiones gigantescas que están la vista en el crecimiento inmobiliario de las clases altas en la Argentina y la concentración económica en empresas sectoriales líderes en su mayor parte extranjeras.
            Pero es imposible que el gobierno eleve una ley sobre este tema.
            Porque la cuestión de fondo de los poderes institucionales  radica en el poder económico. Y habrá defensores del sistema también en las filas de una extendida gran burguesía peronista.
            Se podrán hacer las reformas prometidas y sería un avance, quizás una mejora en la eficiencia de la Justicia que requerirá crecientes recursos para aumentar su eficiencia y diligencia en el trámite de los juicios.
            La Presidenta ha dicho que la Justicia no debe depender del poder económico; en realidad no depende directamente del Poder económico o mediático, sino que coincide y concuerda con el poder económico en la interpretación de las leyes que protegen y garantizan la propiedad privada de los medios de producción. Y en las controversias como el caso de la Ley de Medios o en el caso Ciccone o Skanska o el emblemático juicio sobre Shoklender y las Madres de la Plaza, todo depende  de los jueces de cada causa. Y ello implica también a la corte Suprema y la correlación de fuerzas interna.
           
El Poder y la Justicia
            El gobierno nacional basa su política en su concepción  de origen peronista en lo ideológico, y está integrado por sectores ideológicos que en los años ´70 arribaron a definiciones que denominaron “socialistas”. (“Perón, Evita, la Patria Socialista” era el lema de Montoneros unificados).
            Analizando los (pocos) fundamentos doctrinarios y teóricos que expresan los discursos presidenciales, y su trayectoria política y profesional, creemos que la Presidenta jamás compartió aquella consigna, aunque de vez en cuando reivindica para sí o para el ex presidente Kirchner, la solidaridad con aquella épica.
            “Que me hablan del socialismo, -ha dicho Cristina en una oportunidad – estamos en el capitalismo”. Aquí, una enorme diferencia con el proyecto socialista de Chávez.
            La cuestión que no podemos dilucidar como socialistas  es cual es su concepción sobre el “otro” poder, el poder económico que es el estamento sobre el cual se va edificando el poder político y la Justicia.
            Es el Poder económico dominante, las Corporaciones critican al gobierno porque dice que  trabaja solo  para  construir un “capitalismo de amigos”.(Clarín, La Nación).
            Los Medios son parte de ese poder económico. Y el gobierno ha creado y sigue ampliando un poder mediático propio porque es obvio que necesita del respaldo que dan los medios a un proyecto determinado, pues necesita llegar a millones de personas todos los días, para contrarrestar la campaña de los medios opositores.
            El Gobierno al parecer cree sinceramente que es posible cambiar el poder económico dominante, y construir un poder económico, “nacional y popular”, en este caso, creando una nueva gran burguesía nacional (agropecuaria, industrial  y bancaria).
            En realidad lo que se crea es una gran burguesía, nacional y/o intermediaria, que se llamen como se llamen esos empresarios (los Eskenazi, Cristóbal López, Ferreira, Britos,  etc.) el día de mañana cuando no esté la Presidente, serán igual que los Roggio, los Eurnekián, los Pérez Companc, los Elztain, los Grobo,  etc. etc.; serán simplemente, gran burguesía poseedora de los medios de producción y de cambio con cualquier gobierno.
            Son las leyes vigentes del Estado argentino que la garantizan y los jueces que defenderán esas leyes.  Porque el Estado argentino según marca su Constitución se basa en la defensa de la propiedad privada  de los factores y medios de producción y la explotación asalariada;  es la base de la acumulación de capital.

                        Los proyectos de ley que enviará al parlamento con el fin de democratizar la Justicia, podrían lograr mejoras en la estructura judicial, pero no cambiarán las leyes que interpretan los jueces.

            Porque el Estado argentino que determina la Constitución y las leyes sancionadas a partir del triunfo del centralismo unitario en la guerra civil argentina por la clase terrateniente argentina hasta mediados del siglo XX, es la garantía de la propiedad privada de los medios de producción, base de toda la estructura económica, política e institucional de nuestro país.
            El gobierno del General Perón al finalizar la II guerra mundial pudo torcer el rumbo de la política del poder económico en la Argentina durante una década, pero no pudo quitarle el poder ni cambiar de raíz el sistema, que siguió consolidándose luego con sucesivos golpes militares.

            El pensamiento de la señora Presidenta expuesto al recordar las palabras del ex presidente Kirchner en su alocución, afirmó  un  juicio histórico definitivo sobre los cambios operados en el país desde el año 2003, comparando con el caos dejado por el cambio más profundo realizado por un gobierno denominado Justicialista como fue el menemismo, apoyado por la mayoría del movimiento peronista; y en particular por el ex presidente Kirchner en la privatización de YPF y el desguace del Estado empresario.
            La señora Presidenta ha dicho que hemos salido del infierno que se refiere al período que hizo eclosión durante la presidencia de De la Rúa y su ministro, el mismo mentor de la funesta etapa del gobierno justicialista del Menem-Cavallo.
            Los socialistas argentinos consideramos que los proyectos de ley anunciados referidos a modificar aspectos instrumentales y procesales del sistema judicial, pueden ser favorables al  logro de una justicia, rápida y eficiente respecto a la inseguridad y al delito que es una vieja y cotidiana demanda del pueblo.
            Creemos también que la transparencia respecto al conocimiento del poder económico de los funcionarios de los tres poderes del Estado es un paso adelante que puede permitir conocer  el enriquecimiento de quienes son servidores públicos.
            También sería necesario aumentar las penas a delincuentes reincidentes así como en lo penal económico, a funcionarios que se enriquecen a costa del pueblo.
            Por último, teniendo en cuenta la explicación de la Presidenta referida a su actuación como senadora frente a los atentados terroristas de la Embajada y la AMIA, pensamos que se podría conocer sobre la inoperancia que ella denunció, si se abrieran a la luz pública los archivos de la SIE sobre dichos atentados.
            Sería una gran muestra de su parte que permitiría avanzar en la verdad para procurar la justicia.-